Implicaciones socio-jurídicas que ha generado el reconocimiento jurisprudencial del derecho al agua como un derecho humano autónomo

Abstract

El agua se considera como un derecho fundamental y se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano y su desarrollo, además se entiende como una necesidad y de suma en la conservación y crecimiento de las comunidades alrededor de una sociedad. En el ordenamiento jurídico colombiano podemos analizar que el agua tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público lo cual ha sido determinante en esta problemática socio-jurídica, es por esto que la Corte Constitucional ha estructurado una sólida jurisprudencia alrededor de la naturaleza jurídica del derecho al agua y ha reconocido el carácter complejo de dicho derecho al inscribirlo simultáneamente en categorías tales como derecho social, colectivo, fundamental, objetivo, subjetivo, servicio público y finalidad estatal. La coexistencia de estas calidades, en el reconocimiento constitucional de un derecho, entraña el deber de especial protección y cuidado que debe guiar la actuación de las autoridades para garantizar su satisfacción. Lo anterior, ha sido señalado enfáticamente por las Altas Cortes para los eventos en que el preciado líquido se requiera para el consumo humano, apelando a argumentos de distinta índole, tales como lo expresa la consagración en el bloque de constitucionalidad y la estrecha relación de conexidad que guarda con otros derechos. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de agua en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Cabe resaltar que La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho al agua se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional, pues esta normatividad, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, se erige como normas con rango constitucional o como estándares internacionales que sirven como pautas de interpretación de los derechos que hacen parte del sistema jurídico colombiano siendo así un apoyo en toda esta problemática. además de esto el derecho al agua se considera un bien social y cultural ligado a derechos humanos fundamentales que hacen parte de nuestro sistema constitucional como un derecho innominado lo cual conlleva a la generación de una evaluación y posteriormente del reconocimiento jurisprudencial del derecho al agua como un derecho humano autónomo.